El conflicto social derivado del proyecto de construir dos plantas termoeléctricas en territorio morelense pinta para mucho más de lo que venimos viendo, la actual administración de gobierno, en sus niveles estatal y federal parecen dispuestas a llegar incluso a actos de represión con tal de abrirle paso a esto que se antoja, es interés de unos cuantos personajes con ambiciones de más riqueza y poder.
En su oportunidad, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ofrecieron un clara explicación del porqué era improcedente una obra así en nuestra entidad, acabaron resumiendo sus declaraciones en el sentido de que sería mayor el daño que el beneficio a los morelenses, porque lo que se espera generar está orientado hacia sectores productivos fuera de nuestra tierra.
Un problema recurrente de la autoridad es diseñar acciones de escritorio, decisiones cupulares sin considerar la opinión de aquellos ciudadanos que directa o indirectamente pueden ser afectados, sobre todo cuando se trata de redes e instalaciones que necesariamente dañan el entorno natural y modifican los niveles o modos de vida de pueblos y comunidades.
Ayer, habitantes de Huexca y de Yecapixtla volvieron a dejar constancia de su posición en torno a tal pretensión y va en el sentido de no permitirlo, sin embargo, también mostraron preocupación, porque observan una especie de endurecimiento gubernamental para poder reactivar los trabajos, hasta hoy suspendidos por la resistencia popular.
Uno de los que encabezaron la delegación del movimiento denominado “Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala”, sostuvo que el pasado 14 de los corrientes arribaron a esa comunidad, 32 vehículos con granaderos, muy bien armados y pertrechados, calcularon en cerca de 400 los elementos policiacos en referencia.
Hicieron presencia por las calles y en el lugar donde se supone, quedará una de las plantas de la termoeléctrica, con el claro fin de intimidar a los lugareños, se corría el rumor de que tomarían la población para obligarla a poner resistencia ante tales intenciones.
Paralelamente –entregaron a los medios informativos el formato- emisarios del gobierno estatal entrante aplicaron una encuesta medio disfrazada, solicitando opiniones ciudadanas respecto a necesidades de obra pública, planteles educativos o medios de seguridad, cosa que tampoco fue bien vista por los habitantes.
A principios de agosto, dijeron los quejosos vía Ricardo Robledo, que las autoridades estatales entrantes les ofrecieron dialogar, la respuesta fue sí, pero bajo algunas condicionantes; primero, que sea durante una asamblea pública en la comunidad de Huexca, con fecha seis de septiembre, y segundo, que llegue el gobernador electo Graco Ramírez, que se retiren las demandas penales levantadas contra la población y necesariamente, que termine el hostigamiento.
Habrá que ver cuál es el curso que sigue este tema, sin embargo, si no se le atiende adecuadamente, puede convertirse en el Atenco de Morelos, o porqué no pensarlo, en el Tepoztlán de Jorge Carrillo Olea, porque lo que se viene observando, es una ausencia de talento y sensibilidad para tratar el asunto.
No será con las escopetas y bayonetas como se pueda convencer a un pueblo de aceptar obras que pongan en riesgo su estabilidad e incluso su futuro, porque entre otras cosas se afirma que para ello se requerirán algo así como 20 millones de litros diarios de agua, la interrogante es ¿de dónde los van a sacar?, porque Huexca dispone acaso de los necesarios para sus requerimientos humanos y agrícolas, ¿los dejarán sin el vital líquido?, ese es el temor, independientemente de los efectos colaterales en cuestión de seguridad colectiva.
El gobierno actual, en sus distintos niveles ya está cerrando, es muy poco lo que puede maniobrar para imponer el proyecto que ciertamente es millonario y pudiera haber resultado ya un excelente negocio económico sólo por las gestiones y aprobación del mismo.
En el caso muy particular de Morelos, ya tocaría a la nueva administración operar el tema, a partir del primero de octubre esta entidad empezará a ser gobernada por la izquierda, esa que ha insistido en reformas y propuestas en materia legal que redunden en ofrecerles a los ciudadanos mayor poder de decisión.
Podemos hablar del referéndum o la consulta popular, sería contradictorio que un gobierno de esta naturaleza acabara desconociendo los derechos colectivos a elegir su propio destino y llegara incluso, a la amenaza y agresión como método de “convencimiento”.
Por eso decimos que no será nada fácil de superar, se tendría que ofrecer mucho más que simples obras de beneficio a las poblaciones afectadas por el paso de los poliductos y de las plantas, para que depusieran su oposición, estimamos que ello no va a pasar, entonces, ¿aceptará el nuevo régimen estatal cancelar el proyecto con todos los beneficios que algunos actores políticos y del sector privado perderían?, está medio crítico, pero es algo a lo que necesariamente vamos a llegar, es decir, la imposición a garrote vil o la declinación del proyecto.
A la administración entrante le conviene por lo tanto, que la actual se aviente el paquete de ejercer el acto represivo para evitarle este penoso actuar a quienes asumen el poder estatal el primero de octubre y en efecto, los inconformes temen que así se esté fraguando y por ello la llegada inesperada de fuerzas policiacas con la excusa que iban a aplicar un operativo en seguridad.
Cuidado con el asunto, es muy peligroso ir contra el pueblo, particularmente en el oriente del estado, donde durante los últimos 20 años han ocurrido acciones que muestran la vocación popular por la defensa de sus derechos, ahí estuvo Temoac en tiempos de Lauro Ortega, Jonacatepec con Riva Palacio, no hay que mover mucho las aguas.
Puede ser el Atenco de Morelos
por Daniel Alcaraz Gómez
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