miércoles, 29 de agosto de 2012

Ante detenciones y agresiones. la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro. detiene a agentes de Ministerio Público y a un juez Escrito por CRAC-PC




Como respuesta a la detención de MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro. y a otras agresiones,la gente se moviliza y por acuerdo de la Asamblea, la Policía Comunitaria detiene a agentes del Ministerio Publico y al C. Juez Mixto de Primera Instancia.

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA
BOLETIN DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.
A las organizaciones fraternas
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las 7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.

Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevó a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago.

De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordenó la detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.

Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración, e incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También se informa que al C. Omar Sandoval León, al momento de su detención se le recogió una pistola Pietro Beretta, calibre 9 mm. con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informó del motivo de su detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.

Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades municipales y agrarias de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentará bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de este modelo organizativo de los pueblos.

Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández Chapa; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.

Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra Policía Comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder.

Llamamos a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995.

Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta campaña de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.

“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria

jueves, 16 de agosto de 2012

Huexca puede ser el Atenco de Morelos

El conflicto social derivado del proyecto de construir dos plantas termoeléctricas en territorio morelense pinta para mucho más de lo que venimos viendo, la actual administración de gobierno, en sus niveles estatal y federal parecen dispuestas a llegar incluso a actos de represión con tal de abrirle paso a esto que se antoja, es interés de unos cuantos personajes con ambiciones de más riqueza y poder.

En su oportunidad, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ofrecieron un clara explicación del porqué era improcedente una obra así en nuestra entidad, acabaron resumiendo sus declaraciones en el sentido de que sería mayor el daño que el beneficio a los morelenses, porque lo que se espera generar está orientado hacia sectores productivos fuera de nuestra tierra.

Un problema recurrente de la autoridad es diseñar acciones de escritorio, decisiones cupulares sin considerar la opinión de aquellos ciudadanos que directa o indirectamente pueden ser afectados, sobre todo cuando se trata de redes e instalaciones que necesariamente dañan el entorno natural y modifican los niveles o modos de vida de pueblos y comunidades.

Ayer, habitantes de Huexca y de Yecapixtla volvieron a dejar constancia de su posición en torno a tal pretensión y va en el sentido de no permitirlo, sin embargo, también mostraron preocupación, porque observan una especie de endurecimiento gubernamental para poder reactivar los trabajos, hasta hoy suspendidos por la resistencia popular.

Uno de los que encabezaron la delegación del movimiento denominado “Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala”, sostuvo que el pasado 14 de los corrientes arribaron a esa comunidad, 32 vehículos con granaderos, muy bien armados y pertrechados, calcularon en cerca de 400 los elementos policiacos en referencia.

Hicieron presencia por las calles y en el lugar donde se supone, quedará una de las plantas de la termoeléctrica, con el claro fin de intimidar a los lugareños, se corría el rumor de que tomarían la población para obligarla a poner resistencia ante tales intenciones.

Paralelamente –entregaron a los medios informativos el formato- emisarios del gobierno estatal entrante aplicaron una encuesta medio disfrazada, solicitando opiniones ciudadanas respecto a necesidades de obra pública, planteles educativos o medios de seguridad, cosa que tampoco fue bien vista por los habitantes.

A principios de agosto, dijeron los quejosos vía Ricardo Robledo, que las autoridades estatales entrantes les ofrecieron dialogar, la respuesta fue sí, pero bajo algunas condicionantes; primero, que sea durante una asamblea pública en la comunidad de Huexca, con fecha seis de septiembre, y segundo, que llegue el gobernador electo Graco Ramírez, que se retiren las demandas penales levantadas contra la población y necesariamente, que termine el hostigamiento.

Habrá que ver cuál es el curso que sigue este tema, sin embargo, si no se le atiende adecuadamente, puede convertirse en el Atenco de Morelos, o porqué no pensarlo, en el Tepoztlán de Jorge Carrillo Olea, porque lo que se viene observando, es una ausencia de talento y sensibilidad para tratar el asunto.

No será con las escopetas y bayonetas como se pueda convencer a un pueblo de aceptar obras que pongan en riesgo su estabilidad e incluso su futuro, porque entre otras cosas se afirma que para ello se requerirán algo así como 20 millones de litros diarios de agua, la interrogante es ¿de dónde los van a sacar?, porque Huexca dispone acaso de los necesarios para sus requerimientos humanos y agrícolas, ¿los dejarán sin el vital líquido?, ese es el temor, independientemente de los efectos colaterales en cuestión de seguridad colectiva.

El gobierno actual, en sus distintos niveles ya está cerrando, es muy poco lo que puede maniobrar para imponer el proyecto que ciertamente es millonario y pudiera haber resultado ya un excelente negocio económico sólo por las gestiones y aprobación del mismo.

En el caso muy particular de Morelos, ya tocaría a la nueva administración operar el tema, a partir del primero de octubre esta entidad empezará a ser gobernada por la izquierda, esa que ha insistido en reformas y propuestas en materia legal que redunden en ofrecerles a los ciudadanos mayor poder de decisión.

Podemos hablar del referéndum o la consulta popular, sería contradictorio que un gobierno de esta naturaleza acabara desconociendo los derechos colectivos a elegir su propio destino y llegara incluso, a la amenaza y agresión como método de “convencimiento”.

Por eso decimos que no será nada fácil de superar, se tendría que ofrecer mucho más que simples obras de beneficio a las poblaciones afectadas por el paso de los poliductos y de las plantas, para que depusieran su oposición, estimamos que ello no va a pasar, entonces, ¿aceptará el nuevo régimen estatal cancelar el proyecto con todos los beneficios que algunos actores políticos y del sector privado perderían?, está medio crítico, pero es algo a lo que necesariamente vamos a llegar, es decir, la imposición a garrote vil o la declinación del proyecto.

A la administración entrante le conviene por lo tanto, que la actual se aviente el paquete de ejercer el acto represivo para evitarle este penoso actuar a quienes asumen el poder estatal el primero de octubre y en efecto, los inconformes temen que así se esté fraguando y por ello la llegada inesperada de fuerzas policiacas con la excusa que iban a aplicar un operativo en seguridad.

Cuidado con el asunto, es muy peligroso ir contra el pueblo, particularmente en el oriente del estado, donde durante los últimos 20 años han ocurrido acciones que muestran la vocación popular por la defensa de sus derechos, ahí estuvo Temoac en tiempos de Lauro Ortega, Jonacatepec con Riva Palacio, no hay que mover mucho las aguas.








Puede ser el Atenco de Morelos
por Daniel Alcaraz Gómez