Además de ser explotados en el campo, los niños fueron abandonados por las autoridades tras un accidente que dejó cuatro muertos.
Entre las víctimas, varios son menores.
– Decenas de jornaleros indígenas de Guerrero –entre ellos un alto porcentaje de niños–, que laboran en duras condiciones en un campo tomatero del municipio de Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí, fueron abandonados por las autoridades, que los dejaron sin atención médica después de que sufrieran un accidente que arrojó cuatro muertos hace aproximadamente una semana.
En una casa de adobe, con piso de tierra y techo de hule, 16 personas, principalmente mujeres y menores de edad, se hacinan mientras tratan de recuperarse de las heridas causadas por un terrible accidente.
El 3 de julio pasado, más de 30 personas abarrotaban una camioneta estaquitas que viajaba por la carretera 57. El grupo de indígenas mixtecos procedentes de Tlapa, Guerrero, regresaba a sus viviendas tras una dura jornada en el rancho tomatero Santa Cruz, ubicado en el municipio de Villa de Guadalupe. Repentinamente, la camioneta volcó a la altura del poblado de El Huizache, dejando un reguero de cuerpos. Cuatro personas, tres menores de edad y un adulto, fallecieron a consecuencia del accidente. Más de 20 resultaron con heridas de diversa gravedad. Los de más riesgo fueron trasladados en helicópteros de la Policía Federal a la capital, donde fueron internados en el Hospital Central.
El caso expuso las duras condiciones de explotación que enfrentan los jornaleros en ranchos agrícolas de San Luis Potosí. Las instancias laborales, como la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como su similar estatal, anunciaron revisiones en el rancho, ante las denuncias de que, además de las condiciones indignas de trabajo, en el rancho se empelaba a menores de edad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció lo propio.
LA EXPLOTACIÓN
Tras las visitas anunciadas con antelación, las dependencias señalaron que no habían encontrado niños trabajadores, pero si condiciones indignas de trabajo. Sin embargo, Respuesta Alternativa, una organización de la sociedad civil apoyada por la diócesis de Matehuala, confirmó casos de niños de seis y siete años trabajando en campos agrícolas del Altiplano, violación de derechos, explotación y posible trata de personas.
Desde 2013, reporto su secretario técnico, Alberto Carmona Sánchez, la organización realiza una investigación financiada por la asociación Cáritas de Estados Unidos para recabar testimonios, documentar en imágenes y conocer de manera directa ranchos e invernaderos del Altiplano.
“En todos los ranchos hay estas violaciones sistemáticas (de derechos), no hay uno que se salve”, dijo Carmona Sánchez. Sobre el trabajo infantil dijo que “es omnipresente, en todos los ranchos, cuando ya tienen edad, cinco o seis años empiezan a trabajar, ya cuando comienzan a caminar ya están cortando chile, tomate o todo eso”.
Y quienes son más pequeños están acompañando a sus padres en los cultivos, “por ejemplo llevan bebés y su instrumento de trabajo es una cubeta, o dos cubetas, en una llevan al niño y en la otra los jitomates y van arrastrando al niño junto con la otra cubeta”. Además niños y adultos están expuestos a pesticidas, fertilizantes químicos y otras sustancias sin contar con ningún tipo de protección a su cuerpo, tampoco tienen servicios médicos y casi nunca media un contrato por escrito que establezca las condiciones laborales.
Aunque la investigación no precisa cuántos niños laboran en los cultivos, Alberto Carmona refirió que en dos albergues de la Sedesol en Villa de Arista la semana pasada había cerca de 140. Pero la cifra es mucho mayor porque muchos de los jornaleros no duermen en esos albergues, ya que laboran en municipios más apartados como Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Vanegas, Cedral o Catorce, entre otros, además de que por tratarse de propiedades privadas no a todos han podido entrar.
En apoyo a los indígenas también se sumaron abogados y traductores expertos en la defensa de derechos humanos, pertenecientes a la asociación civil Tlachinollan, de la Sierra de Guerrero. Los activistas iniciaron acciones de defensa y acompañamiento a los deudos de jornaleros y sobrevivientes del accidente. El apoyo de Tlachinollan fue solicitado por Respuesta Alternativa para ayudar a documentar posibles abusos debido a que por la carencia de un traductor, no se había podido registrar el testimonio de las mayorías de las víctimas.
Apenas atendidos.
EL HORROR
Los integrantes de ambas organizaciones atestiguaron el infierno que viven los sobrevivientes del accidente fueron dados de alta sin ningún seguimiento médico, lo que provocó que ahora sufran infecciones en las heridas sin sanar. Pese al compromiso que hicieron funcionarios del gobierno estatal de que la tarde del miércoles enviarían una brigada de servicio médico, la ayuda nunca llegó, y poco antes del oscurecer una niña de 16 años tuvo que ser llevada de emergencia con el apoyo del DIF municipal de Matehuala a un hospital de ese municipio, debido a que el dolor de la jovencita le era insoportable.
El grupo de jornaleros, originarios de Guerrero y que desde hace varias semanas estuvo laborando en campos agrícolas del Altiplano ahora está encuentra convaleciendo en la comunidad de Norias,en Guadalcázar. En una finca de adobe, con suelo de tierra, y techo de hule viven unas 16 personas que el jueves 3 de julio sufrieron la volcadura de la camioneta en que viajaban por la carretera 57, entre las que hay niños de apenas un año y dos meses de edad que sufrieron golpes en la cabeza, un joven de 17 con el brazo derecho inmovilizado por la lesión. También una niña de 16 años de edad, que apenas puede mover su pierna izquierda y con una herida en la espalda que ayer por la tarde mostraba signos de infección y volvió a sangrar.
Esa situación fue documentada por un grupo de defensores de derechos humanos de Respuesta Alternativa y Tlachinollan, de la montaña de Guerrero y cuyos miembros llegaron a San Luis desde el lunes para auxiliar a sus paisanos. Con la ayuda de un traductor de Tlachinollan, los afectados relataron que desde el sábado y el domingo pasados fueron dados de alta del Hospital Central, pero no les dieron medicamento para seguir el tratamiento y tampoco volvieron a tener alguna curación.
