x Noticias de la Rebelión
Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.
COMUNICADO URGENTE
19 de abril 2011
ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE
Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.
La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena. Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército). Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.
Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces, la seguridad de el mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.
A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.
Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.
El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.
Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.
Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.
Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.
Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero. Por lo anterior, demandamos:
Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.
Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.
Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.
Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.
La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011
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