Discurso
México D.F., 14 de octubre de 2011.- Buenos
días, Sr. Presidente, Primera Dama, Sra. Procuradora, Sres. Secretarios
de Estado y demás servidores públicos que lo acompañan; buenos días
compañeros de viaje en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad;
buenos días ciudadanos de esta nación.
Antes de iniciar este segundo diálogo, quiero leer unos versos del peruano César Vallejo:
“Jamás,
hombres humanos,/ hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la
cartera,/ en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!/ Jamás tanto
cariño doloroso,/ jamás tan cerca arremetió lo lejos,/ jamás el fuego
nunca/ jugó mejor su rol de frío muerto!/ Jamás, señor ministro de
salud, fue la salud más mortal/ y la migraña extrajo tanta frente de la
frente!/ Y el mueble tuvo en su cajón dolor,/ el corazón, en su cajón,
dolor,/ la lagartija, en su cajón, dolor”.
Al
final de mi intervención le entregaré, Sr. Presidente, la fotografía de
Pedro Leyva, el primer asesinado del Movimiento, y esperemos que el
último, como prenda de la justicia que usted, como representante del
Estado, debe a la familia de Pedro, a la comunidad de Ostula y a las
víctimas de esta guerra.
Hace
más de tres meses, Sr. Presidente, nos reunimos en este mismo lugar
donde –volvemos a recordarlo–residió el imperio de quienes se
equivocaron creyendo que con las armas extranjeras se resolverían los
problemas de México, pero también donde se firmaron los Tratados de Paz
de El Salvador. En aquella ocasión le mostramos, con nuestra presencia,
lo que su estrategia de guerra había enterrado durante cinco años bajo
el desprecio de las abstracciones estadísticas –40 mil muertos, 60 mil
desaparecidos, 120 mil desplazados, que en estos últimos tres meses han
aumentado de manera terrible– y bajo el insulto de ese absurdo epíteto
de guerra nombrado “bajas colaterales”, que esas cifras, esas “bajas
colaterales”, esos innombrables, tienen nombre, historia, y sus familias
un dolor y una destrucción indecibles; le mostramos también que los
muertos culpables son también seres humanos que un Estado corrupto y
omiso arroja día con día a la delincuencia, destruyéndoles su esqueleto
moral y político, y advertimos con ello que su estrategia de guerra está
multiplicando el dolor y no logra construir la paz que requiere la
nación.
De
aquel primer diálogo surgieron cosas importantes: primero, el
reconocimiento del diálogo abierto, de cara a la nación, como un
fundamento de la democracia que pocas veces se ejerce en nuestro país;
segundo, un lenguaje distinto, frente a la visibilización del dolor, en
la vida política de la nación; tercero, el reconocimiento, por parte
suya, de la deuda que tiene con las víctimas de esta guerra; cuarto, el
apoyo, por parte de algunos funcionarios que honran su condición de
servidores públicos, a muchas de las víctimas que hemos visibilizado –se
los agradecemos, y si no damos sus nombres, como debería ser con todo
agradecimiento, es para protegerlos—y quinto, las 4 mesas de trabajo
para dar cauce a las seis demandas que están contenidas en el documento
leído el 8 de mayo en el zócalo de la ciudad de México, que competen al
poder Ejecutivo, y que para nosotros son fundamentales para crear un
piso común que permita hacer la paz en la nación y salvar nuestra
incipiente democracia –es insólito el hecho de que más de 10
subsecretarios o equivalentes hayan interactuado durante 3 meses con
representantes de la sociedad civil.
A
pesar de esos logros, Sr. Presidente, a pesar de los avances que se han
dado en esas mesas de trabajo y que acabamos de escuchar y de ver, y
sin dejar de tomar en cuenta que el tiempo que duraron es poco para la
cantidad de asuntos que surgieron en ellas, las restas, para desgracia
del país y vergüenza del Estado, siguen siendo mayores que las sumas.
Aunque
usted aceptó, para empezar a resarcir la deuda que el Estado tiene con
las víctimas, hacer justicia a aquellas que presentamos en el documento
del 8 de mayo y en el diálogo del 23 de junio, la única justicia que
hasta el momento se ha hecho ha sido en el caso de mi hijo Juan
Francisco y de su amigos asesinados el 27 de marzo –los otros 30 casos
permanecen prácticamente en la misma situación–. Aunque usted respondió a
una de nuestras demandas –una demanda que ya tenía muchos años de
expresarse–con la creación de la Procuraduría Social para Atención a
Víctimas del Delito –debería llevar el nombre de Víctimas de la
Violencia y del Abuso del poder–, dicha procuraduría, de la que nos
enteramos –nuevamente un desprecio del poder hacia los ciudadanos—por
los periódicos, no sólo carece de presupuesto y de condiciones
operativas reales, sino que tiene serias deficiencias que es necesario
corregir. Si realmente existe una voluntad verdadera –y no como hasta
ahora parece, demagógica y mediática–para con las víctimas, revisémosla,
junto con quienes ha asumido la responsabilidad de coordinarla, para
hacer una Procuraduría que realmente esté a la altura del dolor y de la
emergencia que vive la nación y perdure en el tiempo. Aunque sabemos
también –y eso sí nos produce satisfacción—que se trabaja en la
redacción de una buena Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso de
Poder que esperamos que esté, ésta sí, verdaderamente a la altura de la
emergencia nacional y que esperamos, esta vez, revisar pronto con
ustedes y pronto verla operando, esa Ley, por más ejemplar que sea,
servirá de poco sin una sólida Procuraduría Social para Atención a las
Víctimas y sin una Comisión de la Verdad –hoy más que nunca necesaria,
frente a lodo en el que se está convirtiendo el país-y sin una Ley de
Seguridad Ciudadana y Humana que camine hacia la paz que necesita la
nación, y no hacia la exacerbación de la violencia legítima como
pretende la actual propuesta de Ley de Seguridad Nacional que se discute
en las Cámaras.
Su
decisión, Sr. Presidente, de que los militares asuman la seguridad
pública del país, lo menos que requiere es un mapa de ruta que defina
tiempos y límites de su presencia en las calles, ya que se pone en
serios riesgos la endeble democracia mexicana al subordinar el poder
civil a la lógica de la seguridad militar. Esa decisión, en la que usted
se empeña, argumentando que la corrupción y la debilidad de los cuerpos
policiacos son también causa de la presencia de las organizaciones
criminales nos parece equivocada, porque el problema del crimen
organizado no se reduce a la condición corrupta de los aparatos de
seguridad del Estado. Se encuentra también en el hecho de que las
organizaciones criminales se han infiltrado en las estructuras
económicas, políticas, de seguridad y judiciales de México. Allí no
advertimos de parte del Ejecutivo una política ni definida ni
contundente –como lo ha denunciado recientemente ante autoridades de los
Estados Unidos un empresario mexicano. Todo ello convierte a su
estrategia de guerra en una guerra sin fin donde los flujos de dinero y
las complicidades políticas continúan intactas y los ciudadanos en
México quedamos atrapados entre la lógica del mercado y la del orden
militar, llenos cada vez más de muerte y de miedo. Además, y usted lo
sabe bien, porque lo ha señalado reiteradas veces, su estrategia de
guerra no ha disminuido un ápice el mercado del consumo de drogas en
nuestro vecino del norte y los agentes criminales continúan ganando
miles de millones de dólares anuales por ese consumo.
En
este sentido, como lo ha afirmado usted, Sr. Presidente, México no es
un Estado fallido, sino un Estado fracturado. Existe una fractura entre
la política de seguridad que se ejerce y las libertades que la
Constitución garantiza a los habitantes de este país; una fractura que
se profundiza en el entramado político al militarizarse el territorio
nacional; una fractura en el ánimo nacional por la sordera de la clase
política ante la exigencia de reformas –en particular de la reforma
política–que den respuesta a la emergencia que vivimos –los procesos
electorales se perciben cada vez más como el gran negocio de los
partidos políticos y de los medios de comunicación que pretenden
convertir a los ciudadanos en mercancía–; una fractura que muestra a una
ciudadanía alejarse cada vez más de un sistema político que ha sido
infiltrado por diversas fuerzas del crimen; una fractura que se advierte
en la libertad de tránsito cancelada en grandes porciones del
territorio de nuestro país a causa del temor cierto a ser secuestrado y
desaparecido; una fractura que irrumpe en los hogares de miles de
mexicanos, dejando muerte y desamparo, terror e incertidumbre, porque
quien violenta, asalta y asesina se presenta con el uniforme de la
autoridad y el rostro de la delincuencia –desde nuestro primer encuentro
aquí, en este mismo sitio, Sr. Presidente, se han sumado a las ya casi
50 mil muertes 4 mil más; entre ellas la de nuestro compañero Pedro
Leyva Domínguez–; una fractura entre los ciudadanos y los cuerpos de
seguridad del Estado, entre las fuerzas armadas y los habitantes del
país que cimbra, sino es que cancela, la esperanza de una sociedad
democrática en ciernes; una fractura entre los mexicanos y nuestros
hermanos del sur y centroamérica, a quienes en este país, y gracias a la
incopetencia, apatía y complicidad de las autoridades, se les viola y
martiriza, extorsiona y asesina –desde esa tragedia su gobierno no ha
escuchado la verdad del padre Solalinde, ha preferido defender una
institución corrompida, como es el Instituto Nacional de Migración, a
garantizar la vida de quienes cruzan nuestro territorio para encontrar,
junto con nuestros hermanos mexicanos, una posibilidad de vida mejor en
los Estados Unidos, y contribuir con su trabajo al desarrollo de aquella
nación.
Los
desafíos de esta fractura del Estado mexicano obligan, Sr. Presidente, a
reconfigurar el entramado social –las comunidades de los pueblo indios
son un ejemplo de lo que significa el tejido social–para encontrar otra
vez el amalgama que cohesione a una patria resquebrajada por una
emergencia nacional que todos los partidos políticos, incluyendo el
suyo, continúan ignorando en aras de sus elecciones –sí, de sus
elecciones, porque no son las de la mayoría de los mexicanos que vivimos
en un país sin suelo y sin sentido y que miran cómo ustedes ahondan esa
horrenda fractura con sus guerras verbales que no son más la expresión
de una política siniestra y de unas elecciones ignominiosas que ignoran
el dolor, el desencanto, la desesperación de millones de mexicanos y la
emergencia nacional.
Esa
fractura, que no hemos dejado de constatar y de evidenciar a lo largo
de nuestro caminar por el país, y que es consecuencia de décadas de
dejar hacer, de complicidades criminales entre sectores importantes de
las élites políticas y económicas del país, de la destrucción
sistemática del tejido social y sus ámbitos morales en nombre del
capital y del dinero, y de la pasividad ciudadana de la que fuimos parte
antes de que la violencia y la crueldad nos despertaran para decir,
exigir y buscar con todos los mexicanos de buena voluntad la paz para
México, se ha hecho más honda con su política de militarización del
país, Sr. Presidente. Sus decisiones, además de generar más violencia y
terror, están provocando el surgimiento de grupos paramilitares que, en
esta atmósfera enrarecida y atroz, se sienten autorizados para ejercer,
asesinando impunemente a más mexicanos, lo que estúpidamente llaman
justicia.
En
este sentido, Sr. Presidente, nos preocupa sobremanera que, después de
lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las
propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las mismas
propuestas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a las
que nos hemos sumado, para crear una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana
que construya la paz, después de nuestro andar uniendo el dolor del
país en una respuesta pacífica, usted haya afirmado que cobra más
muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios, que –cito
textualmente sus palabras—“esa plaga que es el crimen y la delincuencia,
es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país, tómese el
tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten”. Ese tono
lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se
diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó
frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río:
“Es muy claro –dijo con la suficiencia de lo inhumano—, en Veracruz no
hay cabida para la delincuencia”. “Estamos combatiendo como nunca antes
el crimen, Estamos aquí enfrentando ese problema nacional con valor y
entereza. Lo estamos la política del haciendo de manera coordinada,
vinculante, estrecha y cercana con presidente Felipe Calderón”.
La
atmósfera de violencia y de horror, que día con día crece, está
contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza
mayor, que detectamos con reprobación los ciudadanos: la del
autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo: “Es
hora –escribió, en este sentido el periodista René Delgado, y nosotros
lo suscribimos delante de usted para que responda a las víctimas y a la
nación—de exigir definiciones y aclaraciones sobre el rumbo que el país
toma antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad
[tentación que reverbera en sus palabras, en las del gobernador Duarte y
en la irrupción de los paramilitares—arrase con la civilidad”, esa
civilidad que los ciudadanos de este país no hemos dejado de demostrar a
pesar del horror.
No
sabemos si todavía es tiempo de que la clase política se comprometa en
verdad con la ciudadanía para enfrentar la emergencia nacional. Pero en
este momento, en las condiciones que vive el país, lo único que
advertimos es que las próximas elecciones serán, como ya se anuncian y
no hemos dejado de señalar, las de la ignominia, una ignominia que sólo
redundará en el ahondamiento de esa fractura a la que nos hemos
referido.
No
sabemos si todavía es tiempo –queremos creer que sí—de que se nos
escuche –durante estos tres meses hemos llenado de suficientes
contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, Sr. Presidente, y a
la Ley de Seguridad Nacional que la avala y que quieren imponernos–y se
redacte una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana que garantice los
derechos y las libertades de los mexicanos, y que precise y acote las
responsabilidades de las fuerzas públicas y sus servicios de
inteligencia. Es urgente que la seguridad se focalice en la
reestructuración real, es decir, con y para la gente, del tejido social,
con prioridad en los jóvenes. El presupuesto y las leyes para estos
rubros tienen que evidenciar que el Estado mexicano elige la prevención y
no la represión como opción fundamental para detener la violencia que
vive el país, que siembra vida y no muerte, que da opciones a los
jóvenes y no los hacina en el olvido y las cárceles.
No
sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz –hasta
ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y la
corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive
la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de
los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismo de la lucha
electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa
fractura que la partidocracia ahonda día con día, parece que no–.
Nosotros, sin embargo, Sr. Presidente, y pese a los intentos por
minimizarnos y denostarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a
todos la emergencia nacional: el país arde, los muertos se contabilizan
por decenas de miles de asesinados, de desaparecidos, de huérfanos, de
viudas y de padres y madres que hemos perdido a nuestros hijos, de
tejidos sociales desgarrados por la codicia y de un terror ciudadano.
Nosotros, es verdad, no representamos a todos ni nunca lo hemos
pretendido, pero representamos el dolor de los más desprotegidos, el de
las víctimas negadas y criminalizadas por el propio gobierno y el de
muchos ciudadanos de a pie que saben que el rostro de esas víctimas es
también el rostro del dolor de todo el país; somos los sobrevivientes de
nuestros muertos que hemos mostrado al mundo que cada uno de esos
cuerpos sin vida que aparecen en los medios maniatados, destrozados,
cubiertos de sangre, tienen un nombre y una historia que tenemos
obligación de rescatar; tienen también a alguien que los llora y que
muchas, muchísimas de esas vidas sacrificadas con brutalidad extrema son
inocentes, ciudadanos como nosotros que fueron levantados,
secuestrados, asesinados por criminales, policías, militares o
autoridades sin escrúpulos amparadas en la impunidad. Detrás de las
fosas comunes de las estadísticas se esconden historias diferentes:
víctimas de carne y hueso, pero también victimarios, homicidas crueles
que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad y de
historia su impunidad está garantizada. Por eso es tan importante que
junto con el rescate de sus nombres y de sus historias, junto con un
memorial de nuestros muertos, junto con la Fiscalía de Atención a
Personas Desaparecidas, junto con la Ley de Víctimas de la Violencia y
del Abuso del Poder, junto con una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana,
se cree también una Comisión de la Verdad. Sólo así garantizaremos que
la paz tanga la justicia y la dignidad que merecemos.
Nosotros
no tenemos poder ni lo queremos –a pesar de que algunos se empeñen en
buscar intereses en el Movimiento para denostarlo–. No somos –para
parafrasear a aquellos que hace 17 años mostraron el dolor de los
negados del mundo indígena y nos dijeron que si no cambiaba el rumbo del
país iríamos a la perdición—robles ni elefantes; somos simplemente
caña, hormiga, los más pobres de los pobres, las víctimas, las bajas
colaterales, las viudas, los huérfanos, los que no tenemos nombre porque
perdimos a nuestros hijos, los despreciados, los negados que desde hace
seis meses nos pusimos a caminar para volvernos un puente que busca
unir en el dolor, el amor, el acogimiento y el diálogo, el norte con el
sur, el este con el oeste, el centro con los cuatro puntos cardinales,
la izquierda con la derecha, el gobierno con los ciudadanos.
Desde
allí, desde esa dignidad que nos ha llevado a lo largo y ancho de todo
el país a abrazar, a besar, a consolar, a dialogar y a hablar con
firmeza y verdad con todos; desde allí, y frente a la sordera de los
criminales y de la clase política que se empeña en ahondar más la
fractura del Estado y el dolor de la patria, llamamos a todos los
mexicanos de buena voluntad a buscar formas alternativas de organización
pacífica y no-violenta. Por ello, desde este recinto lleno de símbolos,
de cara al diálogo que tenemos con usted Sr. Presidente como
representante del Estado y manteniendo, pese a las decepciones, el
diálogo franco y abierto que tenemos y tendremos con los demás Poderes,
convocamos a todos los líderes del dolor, a todos los ciudadanos de
buena voluntad y a todas las organizaciones civiles que busquen
construir la paz en nuestro amado México, más allá de diferencias
ideológicas, políticas y sociales, a reunirnos la noche del 31 de
octubre, en todas las plazas, zócalos, cementerios, escuelas, panteones,
centros ceremoniales, en todo espacio público que nos haya quitado la
delincuencia y la incapacidad gubernamental, allí donde los señores de
la muerte hayan dejado dolor y hayan pretendido destruir la esperanza,
para juntar nuestros dolores, recordar a nuestros muertos y manifestar
nuestra voluntad de paz, de amor y de justicia. Salgamos esa noche a
nombrar a nuestros muertos. Llevemos junto a sus nombres y fechas de
nacimiento y muerte fotografías, prendas, todo aquello que los haga de
nuevo presentes entre nosotros, para que todo México sepa que alguna vez
habitaron en esta casa que tiene una deuda inmensa con su memoria y la
justicia y la paz que les debemos y nos debemos, para que todo México
sepa también que ningún ciudadano permitirá más que se construya ningún
proyecto político sobre el odio, la corrupción, la impunidad, la guerra y
la muerte.
Por
eso exigimos a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos
políticos que han convertido el proceso electoral en un mercado donde,
ignorando el dolor del país, el latido del corazón de la Patria y la
emergencia nacional, se compran votos, voluntades y dignidades a:
1)
Un drástico y transparente deslinde de todos los partidos políticos del
crimen organizado. Lo que significa que no deberán aceptar un solo peso
del narcotráfico, de la delincuencia o por fuera de la ley; que no
deberán aceptar un solo candidato o candidata que tengan vínculos con la
delincuencia organizada; que denunciarán cualquier amenaza o extorsión
que amenace el proceso electoral.
2)
El mapa de ruta de la desmilitarización del país, el fortalecimiento de
las instituciones civiles y la garantía de seguridad y respeto a los
derechos humanos de los ciudadanos. No queremos más muertos ni más
desaparecidos.
3)
La justicia que se les debe a nuestros muertos y la aparición de todos
los desaparecidos de esta guerra. Con independencia de este dialogo, es
obligación de Estado garantizar el acceso a la justicia, por lo que la
atención a los caso individuales y colectivos de debe prevalecer para
mantener los espacios de atención hasta ahora construidos.
4)
Un acuerdo nacional de inversión de largo plazo en la educación y
empleo que garantice a los jóvenes de México varias opciones de
educación así como el rescate de dicha población en las regiones de
mayor riesgo donde el crimen organizado ha encontrado en ellos su
ejército de reserva.
5)
La restauración del tejido social mediante el respeto a las diferencias
regionales y el reconocimiento de las autonomías indígenas con todos
los derechos que eso implica.
6)
El rescate de los caminos de México que devuelva el seguro y libre
tránsito de los ciudadanos por los territorios de la nación.
Llamamos
así a los mexicanos y mexicanas a hacer uso de todas las formas
pacíficas de resistencia civil contra la violencia. Es el momento,
frente al horror y la fractura del Estado, de darnos las formas de
organización necesaria y siempre pacíficas para resistir juntos tanto la
violencia criminal como la oficial y refundar el Estado. En esta hora
de emergencia nacional, debemos articularnos de manera plural e
incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de
fondo que recuperen el piso común que nos une y sin el cual esta casa
llamada México terminará por derruirse.
Javier Sicilia
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
LOS COMPAÑEROS AGRADECEN A LA SOCIEDAD QUE SE INDIGNA Y SE SOLIDARIZA CON ELLOS.
