Por: Iker Eguzkizaga (Miembro de LAB)
Desde el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de Enero de 1994 hasta hoy, la represión en Chiapas es una perfecta plasmación de esos manuales de contrainsurgencia que los centros de poder aplican sistemáticamente para intentar aniquilar cualquier iniciativa organizada de los pueblos que luchan por su derecho a la libre determinación.
El enfrentamiento armado entre el EZLN y el ejército mexicano apenas duro 12 días, porque la movilización de la sociedad mexicana obligó a iniciar un proceso de diálogo que desembocó en los Acuerdos de San Andrés en el año 1996. En dichos acuerdos se reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas para “desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, política y económica”; e incluyen, además, un compromiso para el reconocimiento institucional “del derecho a la autodeterminación ejercido en un marco de autonomía de los pueblos indígenas”. Aunque el gobierno, a pesar de estar negociando y a pesar del cese de la actividad armada del EZLN, no dejaba de intensificar su ofensiva militar en Chiapas contra las comunidades indígenas.
Pero ese compromiso del estado mexicano, quedó en nada cuando llego la hora de aprobar las leyes y las modificaciones del marco legal que darían vida a los acuerdos alcanzados en San Andrés. Todos los partidos, incluido el PRD, traicionaron lo pactado con los zapatistas en las mesas de negociación.
Ante ello el movimiento zapatista comienza a generar dinámicas unilaterales con el fin de crear espacios “autónomos” al margen del estado, ignorándolo como fuente de sus derechos.
Comienzan dinámicas de resistencia donde ejercen sus derechos sin pedir permiso al poder establecido: los derechos existen porque se ejercen, no porque se pacten. Ajenos al reconocimiento del estado comienzan a ejercer unilateralmente su derecho a la autonomía y la autodeterminación expresada como la capacidad para controlar y efectuar sus vidas diariamente. Desde sus limitaciones, están desarrollando prácticas efectivas de una insumisión radical al estado. Tanto en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), como en las comunidades que se definen como Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), rechazan y niegan cualquier intervención de estructuras “oficiales”. En esos territorios el Estado, simplemente, no existe. Y lo realmente interesante es que esos espacios “autónomos” se han conseguido como fruto de dinámicas unilaterales de auto-organización.
En este contexto es donde el Estado mexicano aplica esa Guerra Integral de Desgaste, con el fin de combatir la determinación de los pueblos indígenas. Las actuaciones del estado en Chiapas contra el movimiento zapatista y otros colectivos adherentes a La Otra Campaña se enmarcan en lo que se denomina Guerra de Baja Intensidad (GBI) y que en la región comenzó a llamarse como Guerra
Integral de Desgaste para enfatizar los efectos en la población indígena de la GBI. Es una guerra total: militar, política, económica, ideológica, psicológica e incluso religiosa. La represión directa de los aparatos militares y policiales del estado, se alterna con la aplicación de estrategias de contrainsurgencia: la creación y apoyo a grupos paramilitares, fomento de conflictos intracomunitarios, ayudas selectivas para recuperar la hegemonía del estado y fomentar las agresiones a las comunidades en resistencia ocultando la mano de los aparatos represivos, actividades de inteligencia y actuaciones legislativas, políticas y judiciales que buscan desarticular, o reducir, los colectivos en resistencia.
En esta realidad represiva es donde se enmarca la labor de las Brigadas Civiles de Observación (Bricos) organizadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), con sede en la ciudad chiapaneca de San Cristóbal de las Casas.
Este Centro de DDHH desarrolla una intensa labor en defensa de las comunidades indígenas amenazadas con el fin declarado de “fortalecer los procesos organizativos del pueblo excluido y organizado de Chiapas, en relación a la defensa y ejercicio de derechos humanos a través del ejercicio de los Derechos de los Pueblos indígenas y Derecho a la Justicia, generando condiciones de paz”.La inclusión de observadores en comunidades donde existe riesgo de violaciones de derechos humanos busca que la misma presencia de estos evite, en la medida de lo posible, dichas violaciones. Y en el caso que se den, documentarlas y reportarlas al Frayba.
Gracias al aval que me facilitó la Secretaría de Relaciones Internacionales de LAB, dicho Centro de DDHH me aceptó como integrante de una Brigada Civil de Observación durante 15 días en San Marcos Avilés, un ejido en los Altos de Chiapas perteneciente al municipio oficial de Chilón.
Es una pequeña comunidad en la montaña compuesta por unas 140 familias, de las cuales 30 (unas 180 personas) se declaran como Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). El resto de las familias son “partidistas”, esto es, pertenecientes a partidos institucionales mexicanos; principalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Y entre los partidistas, destacan más de 40 personas que conforman un grupo al que definen como “agresores”; estos es, paramilitares que ejercen una violencia constante contra las familias zapatistas.
Estas familias zapatistas fueron desalojadas violentamente de sus hogares por más de un mes a finales del 2010, y durante mis días entre ellos las agresiones en distintas formas seguían siendo continuas: ataques a cultivos, disparos intimidatorios, amenazas a ellos e incluso al grupo de observadores. En definitiva, represión buscando anular su voluntad de organizarse en torno a los valores de la vida
comunitaria y el derecho a ser dentro de un proyecto enfrentado al Estado. Al día de hoy, según informaciones del Frayba, la represión sobre las familias BAEZ de San Marcos se ha intensificado y el riesgo de un nuevo ataque masivo que les obligue a abandonar sus hogares es muy real.
La lucha de los indígenas de Chiapas no es solo por sus tierras, su forma de vida, su identidad o su derecho a autoorganizarse. Es una lucha por la dignidad de los pueblos y los pobres del mundo que gritan contra el capitalismo reivindicando “un mundo, donde quepan muchos mundos”.Y que con humildad dejan constancia que: “lento, pero avanzamos”
Gora Chiapas!!
Fuente: Euskal Herritik Mundura – Desde el Pais Vasco hacia el Mundo. Enero 2013. No. 6
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