Policía con el blanco del estudiante normalista el 12 de diciembre de 2011. Foto: red
CHILPANCINGO, Guerrero.- Las autoridades mexicanas liberaron a los dos policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero contra quienes se ejercía acción penal por el homicidio de los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente por los policías el 12 de diciembre de 2011 en medio de un violento operativo para detener una protesta estudiantil, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo al comunicado público que difundió el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, la liberación de los homicidas se materializó después de que la Justicia Federal ordenara al Juez local a cargo del proceso que dictara un nuevo auto de formal prisión contra los elementos de la Policía Ministerial. El argumento legal que se dio a conocer en los medios es que eran insuficientes las pruebas que en su momento presentó la procuraduría guerrerense.
El Centro de Derechos Humanos señaló que con esta decisión, ningún servidor público estatal o federal enfrenta hoy un proceso penal por graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 12 de diciembre de 2011.
Recordó en su comunicado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejercitó por primera vez su facultad para investigar mediante un procedimiento especial violaciones graves a derechos humanos. En la recomendación 1 VG/2012 derivada de dicho procedimiento, la CNDH concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero ubicados donde se encontraban quienes hoy fueron liberados. No obstante, la CNDH fue omisa en coadyuvar para que esas conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal.
La organización activista de La Montaña Tlachinollan observa que la exoneración de los policías acusados del asesinato de Jorge Alexis y Gabriel comprueba que en Guerrero "no hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a quienes delinquen desde el poder".
La liberación de los policías imputados, denuncia la organización, "confirma los temores externados desde el inicio de las investigaciones por los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, en el sentido de que al haberse realizado las primeras diligencias por mandos involucrados en los hechos y por peritos carentes de independencia, a la postre los responsables se beneficiarían de la parcialidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, encabezada sucesivamente por Alberto López Rosas, Juan Manuel Herrera Campos y actualmente por la Procuradora Martha Elba Garzón".
Para los miembros del Centro de Derechos Humanos "es preciso recordar que la desconfianza ante la actuación de las autoridades estatales en los hechos, se vio agravada, dado que fue público y notorio que la propia Procuraduría deliberadamente obstaculizó el esclarecimiento de los hechos al intentar construir una versión falsa de los mismos mediante la fabricación de imputaciones contra los estudiantes, lo que incluyó la siembra de evidencia".
Pese a que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel, junto con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron ante la justicia a aportar elementos para la sanción de los responsables, poniendo en riesgo su vida y la de sus representantes legales, por los temores a represalias, ahora constatan "la quiebra absoluta del sistema de justicia guerrerense".
En ese sentido, el centro de derechos humanos dijo que sólo queda a los familiares de las víctimas acudir a las instancias internacionales para buscar la justicia que en México se niega a quienes son agraviados por agentes estatales. En ese sentido, la impunidad por la muerte de Jorge Alexis y Gabriel será denunciada los próximos días ante el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la ONU, que visitará oficialmente el estado de Guerrero, y posteriormente ante el Sistema Interamericano.
En virtud de las recientes decisiones judiciales, las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se suman a la larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas contra las y los guerrerenses que han sido encubiertas desde el poder, como ocurrió con los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia o con las masacres de El Charco y Aguas Blancas.
"Ni la tortura, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los tratos crueles, ni las detenciones arbitrarias de los estudiantes son motivo suficiente para que existan procesos penales contra los responsables", dijo en su comunicado el Centro de derechos humanos. Y destaca que "la impune represión del 12 de diciembre de 2011 marcará a perpetuidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero exhibiéndolo como continuador de los esquemas de ejercicio autoritario de poder que durante décadas han agraviado a la población guerrerense".
Información: Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan
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