Claudia Composto y Mina Lorena Navarro[1]
El Pueblo de San Pedro. El pasado 12 y 13 de marzo del presente año se realizó la décima versión del famoso Festival en Cerro de San Pedro, organizado por el Frente Amplio Opositor (FAO) contra la Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense New Gold, en el estado de San Luís Potosí al centro de la República Mexicana. A él asistieron más de mil personas durante los dos días para participar en las diferentes actividades que conformaron la programación cultural. Foros de discusión, charlas, actividades para niños, música, teatro, fueron parte de la iniciativa que logró mantener un año más al pueblo de San Pedro en pie de lucha y en movimiento.
Camino de entrada al Pueblo de San Pedro
Es digno de resaltar que en estos más de quince años del FAO se ha logrado articular una resistencia que ha visibilizado y denunciado el enorme daño que la Minera San Xavier ha provocado en el Municipio de San Pedro y alrededores, a partir de la explotación a cielo abierto de los recursos minerales, en particular oro y plata. Pero la devastación ambiental, social y cultural de este extenso territorio potosino -aunque emblemática por constituir uno de los primeros casos conocidos en la región- representa sólo uno entre los miles de proyectos que actualmente se están llevando a cabo en México –y en toda América Latina- bajo este nuevo método de explotación minera, conocido como minería a cielo abierto, como parte de una política neoextractivista que ha profundizado el despojo de los territorios y la dominación capitalista sobre los procesos vivos.
Ante esta ofensiva del capital, llamada por muchos como “neocolonial”, se abre un nuevo campo de batalla de los pueblos contra las políticas imperialistas que tal como hace 500 años buscan a toda costa eliminar las formas campesinas y populares que han mantenido una relación no predatoria[2] con el territorio y los bienes comunes.
Una nueva minería transnacional que lo devasta todo
La explotación minera en México se remonta a la época prehispánica, pasando por un enorme boom durante la colonia que, aunque en declive posteriormente, continúa hasta principios del siglo pasado. Sin embargo, no es sino hasta hace aproximadamente 20 años que la minería a cielo abierto se instala como uno de los métodos más eficientes para explotar de manera rentable los yacimientos aún existentes, que por presentar un alto grado de diseminación de los metales, habían resultado imposibles de extraer anteriormente, mediante el método de extracción tradicional -por túneles o “socavones”, y con la fuerza de cientos de obreros ataviados de pico y pala-. En efecto, se trata de un nuevo tipo de minería –absolutamente más depredador y contaminante- que, utilizando tecnología de punta, permite con rapidez y a bajo costo demoler con explosivos cerros enteros, y así extraer de sus entrañas la roca triturada que después es lixiviada con cianuro (u otros sustancias igualmente tóxicas) a fin de lograr la separación de los metales (oro, plata, cobre, etc.) del resto de la materia (Ortiz, 2009: 52). Inmensos volúmenes de agua y residuos químicos, grandes cantidades de energía, miles de toneladas de escombro, son sólo algunos de sus componentes.
El avance de la megaminería en México mediante el aumento exponencial de concesiones fue posible debido a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari expidió el 26 de junio de 1992 la Ley Minera vigente, en la que la actividad minera se abrió para la inversión extranjera directa, antes reservada para el capital nacional. Esta reforma estratégica para el sector se inscribe en el marco de una serie de políticas neoliberales implementadas desde 1980, y profundizadas con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, que significó la eliminación de aranceles y el otorgamiento de grandes facilidades y estímulos fiscales para la atracción de inversiones al país.
Y si bien desde la década del 90 se comienzan a instrumentar las condiciones para que las corporaciones mineras encuentren en México un jugoso nicho para este tipo de explotación, no es hasta la pasada administración de Vicente Fox y la actual de Felipe Calderón que, entre2006 y 2008, se otorgan 24,713 concesiones a 231 empresas extranjeras, aumentando con ello exponencialmente la extracción de recursos minerales (Ramírez, 2010) y, en consecuencia, el despojo de tierras, la contaminación de los ecosistemas , la expulsión de comunidades enteras de sus territorios y, con ello, la destrucción de “mundos de vida”.
Actualmente, los estados que concentran la producción minera son Sonora, Zacatecas, Coahuila, Durango y, por supuesto, San Luís Potosí (Auditoria Superior de la Federación, 2008: 21), donde hasta el 2008 se habían otorgado 795 concesiones, frente las cuales han emergido respuestas de oposición, como el caso del Frente en Defensa de Wirikuta en Real de Catorce, organizado contra las 22 concesiones mineras otorgadas a la empresa minera canadiense First Majestic Silver.
Un caso emblemático: Minera San Xavier en San Luis Potosí
Si bien Cerro de San Pedro ha sido tradicionalmente un territorio de vocación minera, es hasta 1994 que Metallica Resources -ahora New Gold-, subsidiaria de Minera San Xavier, adquiere las concesiones del yacimiento de San Pedro, con el objeto de desarrollar un proyecto de explotación minera a tajo abierto y por lixiviación con cianuro,[3] en un área territorial declarada oficialmente de restauración de la vida silvestre, con flora y fauna protegida, y sobre un acuífero sobreexplotado, apenas a varias decenas de metros del pueblo de Cerro de San Pedro (Ortiz, 2009: 15).
Cabe señalar que el Cerro de San Pedro es el lugar que le dio origen a la Ciudad de San Luis Potosí en 1592, “el descubrimiento de sus ricas minas (…) posibilitó (…) la fundación de la ciudad”. En el escudo de armas de esta Ciudad se encuentran los Cerros de San Pedro, los cuales actualmente están totalmente destruidos y demolidos por la Minera.
Escudo de armas de San Pedro.
En el centro se observa el emblemático
cerro que le da su nombre al pueblo,
hace años eliminado por la megaminería
para la extracción de oro.
A pesar de un prolongado proceso de resistencia legal exitosa y de movilización social masiva, Minera San Xavier comienza a operar hasta 2006 de la mano de una decisión política respaldada por el ejecutivo nacional y estatal, que desconoce la falta de permisos y los fallos judiciales en contra de la empresa y su proyecto de explotación, el profundo descontento social, y las documentadas consecuencias ambientales, sociales y culturales que su consecución traería aparejada.
Entre algunas de las consecuencias que hoy en día ya se enfrentan por este tipo de extracción es la contaminación producida por los patios de lixiviación, que se encuentran muy cerca de algunas comunidades y a unos kilómetros de la capital potosina. Se calculan 77 millones de toneladas de material cianurado como legado visible de más de 10 años de explotación (Ortiz, 2009: 52). El FAO ha denunciado ya algunos casos de enfermedades y malformaciones en niños por contaminación de cianuro en La Zapatilla, una de las comunidades más cercanas a los patios de lixiviación.
Principal iglesia de San Pedro. Según Minera San Xavier, bajo sus
cimientos se encuentra la veta madre del yacimiento.
Además se tiene el registro de que Minera San Xavier consume anualmente poco más de un millón de metros cúbicos de agua para su proceso de explotación -33.6 litros por segundo a lo largo de más de nueve años, cerca de 30 millones de litros de agua diariamente-, cantidad que es extraída sin obstáculos y restricciones, dado que la empresa adquirió desde mediados de los años noventa los títulos de concesión de pozos ya existentes que, previamente, abastecían de agua a la ciudad. Actualmente, el acuífero que provee a casi 300 mil usuarios de la zona metropolitana de San Luís Potosí, se encuentra sobreexplotado –situación agravada por tratarse de una zona desértica-, ya que debido a las necesidades del proyecto minero se extrae el doble de lo que se recarga anualmente, encontrándose además contaminado con cianuro por efecto de la inevitable percolación hacia el subsuelo, así como de la evaporación y las lluvias ácidas. (Ortiz, 2009: 56-58).
Genealogía de la resistencia popular
Al anunciarse la noticia de que una transnacional minera llegaba a Cerro de San Pedro para reactivar la industria minera local mediante nuevas tecnologías y modernos métodos de extracción, se encendió la expectativa de los pueblos cercanos que, luego de décadas de abandono, veían en esta iniciativa una posibilidad de trabajo y desarrollo social. Sin embargo, a medida que comenzaron a conocerse los detalles del proyecto –sus dimensiones, alcances, impactos y consecuencias-, fueron emergiendo numerosas voces críticas que, aunando diversas trayectorias y perspectivas de lucha, trazaron el rumbo de una resistencia que -con avances y retrocesos, aciertos y errores- ya lleva 15 años en pie.
Efectivamente, el proyecto inicial de la empresa minera consistía en la completa destrucción del histórico pueblo de San Pedro, debajo de cuya antigua iglesia se encuentra la veta madre del yacimiento aurífero. A cambio, construirían a pocos kilómetros un nuevo complejo habitacional, provisto de comodidades y servicios para todos los pobladores. No obstante, para aquellas familias que, generación tras generación, habían construido y habitado dicho territorio, la propuesta resultaba inconcebible. Así, la defensa del patrimonio cultural e histórico del pueblo de San Pedro, que se remonta a cientos de años y constituye el origen de la sociedad potosina, representó el primer eje articulador de la resistencia contra el avance de la explotación minera a cielo abierto. Tras este primer impulso, se encontraba el “Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de San Pedro”, organización conformada por ejidatarios y habitantes del pueblo que se volcaron a la tarea de recuperar la memoria histórica; revitalizar su apropiación por parte de los lugareños, pero también de los potosinos; resignificar el territorio como espacio recreativo y cultural; y proponer proyectos de desarrollo alternativo basados en el turismo local.
Paralelamente, fue emergiendo un segundo eje articulador de las resistencias, basado en la denuncia y difusión de los impactos socio-ambientales que este tipo de explotación minera provocaría no sólo en el municipio de San Pedro, sino también en el de San Luis Potosí. Esta perspectiva cobró fuerza como motor de lucha a partir de la intervención de la organización potosina “Pro San Luis Ecológico” en el incipiente conflicto, cuya experiencia previa en la resistencia exitosa a la instalación de un confinamiento tóxico en el municipio de Guadalcázar durante 1994, había otorgado numerosos conocimientos y herramientas para reconocer las características de un proyecto depredador y contaminante, comprender la necesidad de iniciar una extensa campaña informativa y de movilización social para evitar el comienzo de la explotación y bloquear el otorgamiento de los respectivos permisos.
A medida que se fueron extendiendo las evidencias y denuncias contra la minera y su proyecto de explotación, sumando rechazos entre la población y repercusiones en los medios de comunicación locales, también comenzaron a desplegarse las estrategias empresarias de cooptación o “captura” de las comunidades (Garibay Orozco, 2010: 169-179). Además de las promesas a futuro -que incluían la construcción de escuelas, hospitales, parques recreativos, mejoramiento de las viviendas y de la calidad de vida en general, a través de programas de responsabilidad social corporativa-, la minera comenzó a contratar a los habitantes del pueblo para realizar pequeñas tareas de vigilancia, limpieza, instalación de cercas, etc., a cambio de altas remuneraciones que compraran el respaldo al proyecto minero en el largo plazo. Incluso, en el caso de algunos pobladores, comenzó a realizar desembolsos de dinero a cambio del apoyo activo, lo cual incluía el ataque público a los opositores y la movilización a favor de la explotación cuando así se requiriera.
En este contexto, las voces de la resistencia comenzaron a articularse con mayor fuerza y a entablar estrategias de lucha conjunta que, a partir de diversas coyunturas y necesidades fluctuantes, se fueron tejiendo y diversificando en tres frentes bien definidos: social, cultural y legal. En relación al primero, se profundizaron las campañas de denuncia pública, la difusión de información entre la población y la movilización social. En este sentido, y a la par que las dádivas de la minera implicaban la pérdida de ciertos apoyos entre los pobladores de San Pedro, desde la resistencia se decidía extender la lucha hacia San Luis Potosí que, hasta ese entonces, había permanecido un tanto ajena a los pormenores del conflicto. Progresivamente, también se apostó a trascender la lucha hacia el Distrito Federal y, desde allí, al plano internacional. Como resultado, la resistencia creció vertiginosamente y hacia el año 2003 adoptó su nombre actual: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, integrado por el núcleo de ejidatarios de Cerro de San Pedro, descendientes de los ejidatarios originarios, habitantes de los pueblos cercanos, organizaciones vecinales, estudiantiles y sociales, y activistas de diversas tradiciones políticas de la Ciudad de San Luís Potosí, pero también grupos de la capital mexicana y, posteriormente, de Canadá –donde actualmente existe una delegación del FAO-.
Durante años, y como parte de la estrategia de “irradiación” que se propuso el FAO, San Luis se convirtió en el núcleo de numerosas actividades públicas, incluyendo rondas informativas, marchas y consultas populares que alcanzaron su punto más álgido en 2006, año en que la empresa construyó la infraestructura del yacimiento y obtuvo el respaldo político necesario para comenzar con el proceso de extracción. Con la precipitación de estos hechos, se desarrollaron movilizaciones de hasta 2000 personas y un referéndum (no vinculante) donde llegaron a participar alrededor de 20 mil potosinos, que en su gran mayoría se pronunciaron por el NO a la mina.
Visto retrospectivamente, este proceso social resultó sumamente importante para retrasar el comienzo de la explotación minera (prevista originalmente para fines de los años 90, sólo pudo iniciar sus actividades casi 10 años después) y lograr que el diseño original del proyecto extractivo se reformulara, respetando los límites del pueblo de San Pedro, que inicialmente planeaba demoler. Sin embargo, luego de iniciada la fase de explotación minera, la movilización popular fue menguando lentamente, producto del desgaste ocasionado por casi una década de lucha y demasiadas situaciones adversas que enfrentar, a lo que se sumó una oleada de agresiones por parte de los grupos de choque de la minera y la criminalización de los opositores, cuyos principales referentes cargan con numerosas causas en su contra que datan de aquel período.
Simultáneamente al desarrollo de la estrategia social, se iniciaría un segundo proceso basado en la disputa legal, organizado en dos importantes frentes. En primer lugar, en el año 2000, y como respuesta a la licencia de uso de suelo ratificada por el gobierno estatal a la minera, se presenta el primer juicio basado en la nulidad de dicha autorización, la cual contradecía y violaba una disposición –previa y vigente- que establecía la protección de la flora y fauna de la zona y, por lo tanto, prohibía cualquier tipo de desarrollo que pudiera afectarla (Norma Oficial 059-ECO-1994). Luego de recorrer diversas instancias legales sin ninguna respuesta favorable, el FAO –a través de la representación jurídica de Pro San Luis Ecológico- decidió llevar el juicio a un Tribunal Federal que, finalmente en 2004, otorgó un amparo en favor de los demandantes, confirmando la nulidad del permiso estatal otorgado a la minera unos años antes. Si bien esta victoria institucional fue contundente y definitiva, no fue acompañada con la voluntad política para impedir el inicio de la explotación minera en 2006, y aunque fue posteriormente ratificada, tampoco logró impedir la continuidad de los trabajos por más de unos pocos meses durante 2009. Se trata, sin embargo, de un precedente importante, que demuestra no sólo la ilegitimidad, sino también y especialmente, la rotunda ilegalidad en que actualmente realiza sus operaciones la transnacional New Gold, en completa colusión con los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno.
El segundo frente de la disputa legal se abrió en 2002, cuando se inicia un juicio por los derechos ejidales sobre el pueblo de San Pedro, tras la firma fraudulenta de un contrato de arrendamiento de tierras entre la empresa y falsos representantes ejidales. Producto de la emigración y el fallecimiento de los integrantes originales, el ejido había quedado prácticamente desestructurado desde las últimas décadas, prestándose a la realización de maniobras que permitieran a la minera apoderarse de los territorios comunitarios para su proyecto extractivo. Cuando algunos miembros del FAO investigaron los antecedentes de los supuestos ejidatarios y confirmaron su carácter apócrifo, decidieron emprender la búsqueda de los verdaderos y sus descendientes, para emprender un juicio agrario que devolviera las tierras a sus propietarios legítimos. En 2004, una primera sentencia del Tribunal Unitario Agrario confirma la nulidad del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la presentación de amparos por Minera San Xavier contra ese primer fallo motiva una sentencia del mismo tribunal que cambia por completo su resolución original. No obstante, los ejidatarios legítimos también han sido reconocidos legalmente como tales, y más allá de los numerosos reveses, continúan hasta la actualidad con la disputa jurídica por el reconocimiento de su derecho colectivo a la tierra.
Así, a las dos banderas que estructuraron la lucha desde sus inicios, esto es, la defensa del patrimonio cultural e histórico y del medio ambiente, posteriormente se sumó también como eje articulador la defensa de la tierra y de su propiedad colectiva. Paralelamente al proceso de movilización social que marcó el inicio de la resistencia, se incorporó con el tiempo y en forma complementaria, aunque ganando terreno a lo largo de los años, un proceso de disputa en el ámbito jurídico. Por último, cabe reseñar un último proceso de lucha que acompañó transversalmente las diversas estrategias ensayadas por el FAO desde 2001. Nos referimos al Festival de Cerro de San Pedro, que el movimiento opositor organiza cada año en repudio de la minería a cielo abierto, y a favor de la recuperación simbólica y material de la cultura local, con la vocación de mantener con vida los vínculos e intercambios entre San Pedro y la ciudad de San Luis Potosí.
El Festival de Cerro de San Pedro: entre la resistencia y la violencia, una lucha que sobrevive
En 2001 comenzó a realizarse el Festival de San Pedro, como una forma de acercar a los potosinos al pueblo de San Pedro y así ir librando la batalla contra la Minera San Xavier en su búsqueda por eliminarlo. Aunque el Cerro de San Pedro había sido abandonado ya hacía mucho tiempo por la población potosina como centro turístico, a raíz de que llega la Minera se profundiza el poco interés de conocerlo por el deterioro de su patrimonio cultural y ambiental.
El olvido de este pueblo, sin duda ha sido contrarrestado exitosamente por la lucha del Frente Amplio Opositor, y en específico por la realización de estos festivales, los cuales han logrado reavivarlo y hacer que mucho potosinos lo revaloren como un lugar de enorme riqueza cultural, patrimonial y ambiental.
En este décimo Festival se pudo corroborar que a pesar de las enormes dificultades por mantener la resistencia, el Pueblo lucha por mantenerse en pie. Esto lo confirma la presencia y solidaridad de una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y de miembros del Frente en Defensa de Wirikuta –territorio sagrado del pueblo wixárika, actualmente concesionado a la minera canadiense First Majestic Silver- que llegaron para solidarizarse con la lucha del FAO, compartir sus experiencias de organización y resistencia, y confirmar una vez más, a través de la voz de Ignacio del Valle, que “la lucha es una sola”. Por otra parte, también participaron numerosos organizaciones sociales, compañías de teatro, bailarines y músicos que compartieron su trabajo y su arte con los cientos de jóvenes y familias que durante dos días se apropiaron del pueblo y lograron silenciar a la minera.
Mesa de debate realizada durante el X Festival de San Pedro.
Contó con la presencia de ejidatarios del pueblo integrantes del FAO, vecinos afectados por la histórica contaminación de la minería tradicional en Villa de la Paz, municipio de Matehuala;
y miembros del Frente en Defensa de Wiricuta.
No obstante, son serias las contrariedades que enfrenta el FAO de cara a la organización de próximas ediciones del Festival. El excesivo y prepotente despliegue policiaco en el evento, que intimidaba y generaba un ambiente tenso y de confrontación con los asistentes, a los que se les trataba como potenciales delincuentes, así como un episodio de enfrentamiento entre policías y criminales en uno de los retenes ubicados en la carretera rumbo al Cerro durante la segunda noche del encuentro y que, aunque no tenía ninguna relación con el Festival, determinó su finalización abrupta y anticipada, antes de que el grupo Wham Bam Bam –proyecto integrado por algunos músicos de la Maldita Vecindad- pudiera presentarse en la clausura.
En cualquier caso, se trata de dos hechos que evidencian el terrible clima de violencia y descomposición social que se vive en esta región, cercenando las posibilidades de toda resistencia y proyecto de transformación mediante la propagación del miedo y la desmovilización de la sociedad civil. Pudimos constatar que bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado se está desplegando un dispositivo de dominación que monta nuevos escenarios para la criminalización, sometimiento, control y disciplinamiento de los movimientos sociales. Y, tal como afirma el FAO en un comunicado público emitido pocos días después del X Festival a propósito del desproporcionado operativo policial, “Lo anterior se viene a sumar al contexto de impunidad en el que desarrolla sus actividades ilegales New Gold-Minera San Xavier, impunidad e ilegalidad toleradas por las autoridades estatales y federales, quienes mantienen su complicidad y se niegan a cumplimentar el cierre de la empresa ante la confirmación de la anulación judicial del proyecto minero en sentencia de septiembre del 2009”.
El papel del Estado como figura del capital, garante a toda costa de la reproducción de ganancias de las empresas mineras, los altos índices de violencia que atraviesan la vida cotidiana de estas poblaciones, son sólo algunos de los factores de una situación de guerra que los sujetos rebeldes e insumisos de San Luís Potosí tienen que enfrentar en la defensa de su territorio y la lucha por la vida.
El horizonte de sentido de esta lucha antiminera está constituido fundamentalmente por un lenguaje de valoración no mercantilista opuesto a la racionalidad productiva del capitalismo. La disputa que se libra contra la Minera San Xavier por parte del FAO está relacionada con una nueva forma de pensar la vida más allá del dominio que impone la forma valor capitalista sobre la vida.
BIBLIOGRAFÍA:
Auditoria Superior de la Federación, “Evaluación de las Concesiones Mineras” Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, p.21, http://www.asf.gob.mx/trans/informes/IR2008i/Tomos/T5V1.pdf
CECEÑA, Ana Esther, (2010), Conferencia “Dominar la naturaleza o vivir bien: disyuntiva sistémica”, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, noviembre.
Frente Amplio Opositor, “A la opinión pública nacional e internacional. El Frente Amplio Opositor a New Gold-Minera San Xavier informa”, 16 marzo 2011.
Garibay Orozco, Claudio, “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual, en Delgado-Ramos, G. C. (coord.) Ecología política de la minería en América Latina, CEICH-UNAM, 2010.
Norma Oficial 059-ECO-1994
Ortiz, José de Jesús, La Batalla por Cerro de San Pedro, Alexandro Roque/ Servicios Editoriales Debajo del agua, 2009.
Ramírez, Érika “Entregan oro y plata de México a trasnacionales. Otorgadas ya más de 24 mil concesiones para la explotación de minas”, Contralínea, 25 abril 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
* Esta nota fue posible gracias al apoyo de los integrantes del FAO, a quienes agradecemos sus testimonios y experiencia compartida. Este esfuerzo busca visibilizar la digna lucha del FAO, así como las políticas de construcción de hegemonía y dominación que el Estado y la Minera San Xavier despliegan para hacer posible la devastación territorial.
[1] Claudia Composto es socióloga y estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín. Es miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que nuclea las luchas contra el modelo de despojo y contaminación en Argentina. Mina Lorena Navarro es socióloga y estudia el Doctorado en Sociología, en la BUAP, México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa en la Ciudad de México.
[2] Ana Esther Ceceña propone, desde una perspectiva histórica de más de 500 años, la identificación de formaciones culturales y su relación con la naturaleza. Habiendo por lo menos dos tipos de culturas, que de ninguna manera se pueden concebir como totalmente puras: las no predatorias, afines con la naturaleza en las que no hay un sujeto único o privilegiado, sino un conjunto de sujetos que interactúan, se complementan y de esa manera van resolviendo sus necesidades. Y por otro lado, las culturas predatorias, en las que el sujeto portador es el hombre y que la naturaleza está al servicio del hombre, no como otro sujeto sino como objeto. De éstas últimas surge la cultura occidental (Ceceña: 2010).
[3] El cianuro se utiliza como medio acuoso para separar o “lixiviar” el oro u otros metales pesados del resto del material que no se requiere. El cianuro es un reactivo sumamente peligroso para la salud de todos los seres vivos.
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