Refirió que este grupo de agresores, se mueven en la comunidad en camionetas blancas doble cabina sin placas y sin logos, pero que no se conocen sus orígenes. “Responsabilizamos a Graco Ramírez, a la CFE y a las empresas Abengoa y Elecnor y Enagas”, encargadas del proyecto.Indicó que a la gente de la comunidad se le ha prohibido el paso en la zona y cuando se apersonan por ahí, las detienen y las revisan; además de que “avionetas y helicópteros vigilan todo el día. Nos están hostigando de todas formas... incluso, gente extraña a la comunidad, preguntan casa por casa quienes son los que encabezan el movimiento, a que nos dedicamos y quienes son nuestros familiares”.“Además de que hemos sido demandados por medio millón de pesos, supuestamente por parar las obras”. Explicó que la implementación del proyecto integral Morelos funcionará bajo el consumo de 50 millones de litros de agua diarios así como la instalación de un gasoducto en las faldas del volcán Popocatépetl que atravesarán los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Nuevas movilizaciones
Los campesinos buscarán el dialogo con el “más alto nivel” de la Secretaría de Gobernación, ya que las empresas Abengoa y Elecnor y Enagas dañan y violentan los derechos humanos y ambientales en Morelos y Puebla.
La protesta tiene la finalidad de exigir al Tribunal Superior Agrario solución a la demanda de revisión del juicio 93/94 radicado en el tribunal número 47 con sede en el estado de Puebla, así como exigir a la Comisión Nacional del Agua, una tarifa única para agua de riego para los campesinos pobres de San Gabriel Chilac, Puebla.
Aseguró que la construcción afecta a más de 80 pueblos de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y que “nunca fuimos consultados para la implementación de este proyecto y por lo tanto viola nuestros derechos a la libre determinación”.
Indicó que el 28 de marzo saldrán tres caravanas indígenas y campesinas de Morelos y Puebla para llegar al Distrito Federal el próximo 2 de abril, y exigir al Gobierno Federal una solución a los conflictos generados por la construcción de dos centrales termoeléctricas y un acueducto de 12 kilómetros concesionados a empresas españolas.
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